A- de 2021

Recusaciones en contra de la Sala Plena de la Corte Constitucional y de la Procuradora General de la Nación.

La causal invocada por los ciudadanos fue la prevista en el artículo 25 del Decreto Ley 2067 de 1991, atinente a tener interés en la decisión.

Sustentaron la recusación en la siguiente aseveración: “El exmagistrado Alberto Rojas Ríos inició su período en mayo de 2013, pero en la actualidad continúa ejerciendo como togado y participando en las deliberaciones, cuando su período ya finalizó el pasado mes de mayo (2021).

Que exista un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, no es una razón para que los demás magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional permitan la participación del señor Rojas en los procesos y tampoco para que la Procuradora rinda concepto en estos, porque se está permitiendo que una persona que no es juez complete las mayorías y disponga ordenes que carecen de validez.

Cuando se permite que el ciudadano Alberto Rojas Ríos participe de los debates de las sentencias y con su voto se adopte la decisión, se está incurriendo en una conducta contraria a derecho, pues los magistrados toleran su presencia en la Sala Plena para beneficiarse de su voto, ya que sin sus votos sus proyectos no serían aprobados (…).” Luego de verificar que la recusación formulada no cumple con la condición mínima de legitimación de quienes la presentan, la Corte decidió RECHAZARLA por falta de pertinencia.

Lo anterior devino en lo innecesario de proseguir con el análisis correspondiente a las demás condiciones mínimas procedencia.

Teniendo en cuenta que el escrito de recusación suspendió los términos en los 62 procesos identificados en la referencia, a excepción del 63 el cuál no se relacionó correctamente, junto a “cualquier otro proceso en curso”, la Sala decidió, en atención al principio de celeridad y una pronta administración de justicia sin dilaciones injustificadas, decretar el levantamiento inmediato de dicha suspensión.